Taiwán prepara una reforma de la Ley de Gestión Energética que obligaría a TSMC y otros grandes consumidores eléctricos a instalar sistemas propios de generación y almacenamiento. El Parlamento taiwanés tiene previsto examinar el proyecto el 22 de julio de 2026, aunque todavía deberá superar su tramitación antes de convertirse en ley.
El Ministerio de Asuntos Económicos plantea aplicar la obligación a instalaciones con una potencia contratada de al menos 5 MW. Tras excluir centros educativos y sanitarios, la medida alcanzaría a más de 400 empresas de semiconductores, pantallas, acero, petroquímica y centros de datos para inteligencia artificial.
La reforma exigirá generación para autoconsumo y almacenamiento
El proyecto incorpora una nueva obligación para que los grandes consumidores instalen equipos de generación para autoconsumo y sistemas de almacenamiento energético dentro de un plazo todavía pendiente de concretar. La capacidad mínima, las tecnologías admitidas y el periodo de adaptación deberán definirse posteriormente mediante normativa secundaria.
El objetivo del Gobierno es reducir la dependencia de la red eléctrica, mejorar la respuesta durante los picos de demanda y reforzar la estabilidad del suministro. Las instalaciones también podrían desplazar parte del consumo hacia horas con menor carga, aunque la ley todavía no especifica qué porcentaje deberá cubrir cada empresa.
La reforma no implicaría que las fábricas funcionen de forma independiente ni que sustituyan por completo la electricidad suministrada por Taipower. Su efecto real dependerá de la cuota exigida, el tamaño de las baterías y las ubicaciones permitidas para desarrollar la generación propia.
Taiwán ya exige una cuota renovable del 10%
La normativa vigente obliga a determinados grandes consumidores a compensar el equivalente al 10% de su potencia contratada media mediante recursos renovables. Las empresas pueden cumplir ese requisito instalando generación limpia, comprando electricidad verde o certificados, incorporando almacenamiento o realizando una aportación económica sustitutoria.
La nueva reforma avanzaría un paso más al exigir infraestructura física de generación y almacenamiento. El planteamiento busca que las compañías no dependan exclusivamente de certificados o contratos de energía verde, sino que aporten capacidad propia capaz de aliviar la red durante periodos de elevada demanda.
Las excepciones incluirían escuelas, hospitales y otros servicios esenciales. Con estos sectores fuera de la obligación, el Gobierno calcula que quedarían afectadas alrededor de 400 instalaciones industriales y comerciales con consumos especialmente elevados y continuos.
TSMC será la empresa más expuesta por su enorme consumo
TSMC consumió aproximadamente 25.550 millones de kWh de electricidad en Taiwán durante 2024, una cifra equivalente a cerca del 9% de toda la demanda eléctrica del país. Su dependencia de un suministro continuo convierte a la compañía en el principal foco de la reforma.
Las fábricas de semiconductores funcionan durante las 24 horas y necesitan alimentar equipos de litografía, sistemas de vacío, climatización de salas limpias, tratamiento de agua y control ambiental. Incluso una obligación limitada a una pequeña parte de su consumo exigiría inversiones relevantes en generación, baterías, conexiones internas y mantenimiento.
La compañía mantiene en Taiwán múltiples fábricas de obleas y plantas de encapsulado avanzado, por lo que el despliegue podría afectar a varias ubicaciones. El coste final dependerá de si la obligación se calcula por instalación, contrato eléctrico o consumo agregado de cada grupo empresarial.
TSMC no tendrá que generar toda su electricidad
El proyecto no establece que TSMC deba producir por sí sola los 25.550 millones de kWh utilizados anualmente. La obligación consistiría en instalar una capacidad mínima de generación y almacenamiento, pero la proporción exacta respecto a su consumo total todavía no está definida.
Esta distinción evita interpretar la reforma como una sustitución completa de la red. Las baterías pueden cubrir interrupciones breves, reducir picos o trasladar consumo entre franjas horarias, pero no resultan suficientes para mantener de forma continuada una red de fábricas con una demanda tan elevada.
La empresa seguirá necesitando una conexión estable con Taipower. La nueva infraestructura actuaría como apoyo, reserva y mecanismo de reducción de carga durante momentos críticos. El impacto económico dependerá de la escala finalmente exigida y del tipo de generación que el Gobierno considere válido.
El principal impacto estará en la inversión, no en las multas
Para TSMC, el coste más importante procedería de los gastos de capital necesarios para instalar plantas de autoconsumo, sistemas de conversión y baterías industriales. También aumentarían los costes operativos relacionados con mantenimiento, refrigeración, seguridad y sustitución de módulos de almacenamiento degradados.
El proyecto contempla un periodo de adaptación y órdenes de corrección antes de imponer sanciones. Si el incumplimiento continúa, las multas oscilarán entre 150.000 y 750.000 dólares taiwaneses, con posibilidad de repetirse mientras la empresa no complete las instalaciones exigidas.
Estas cantidades son reducidas frente al presupuesto de una compañía como TSMC. La verdadera presión regulatoria estará en la obligación de construir y operar la infraestructura, no en la posibilidad de pagar una penalización y mantener indefinidamente el modelo actual.
La ley todavía debe concretar sus requisitos técnicos
El Parlamento taiwanés comenzará a examinar la reforma el 22 de julio, pero todavía puede modificar el umbral de 5 MW, los plazos, las excepciones y el régimen sancionador. Después deberán aprobarse los reglamentos que definirán la capacidad mínima de generación y almacenamiento.
Hasta que esos parámetros estén cerrados, no puede calcularse cuánto tendrá que invertir TSMC ni qué porcentaje de su consumo deberá cubrir. La compañía será previsiblemente la más afectada, pero hablar de una sustitución completa del suministro de la red resultaría incorrecto.
La reforma apunta a una obligación parcial destinada a reforzar la estabilidad energética de Taiwán. Su verdadero alcance dependerá de cómo se equilibre la seguridad del suministro con el coste adicional que deberán asumir las industrias más importantes del país.
Vía: Wccftech
