El movimiento Stop Killing Games ha confirmado que su iniciativa ciudadana europea ya cuenta con las firmas validadas necesarias para ser escuchada oficialmente por la Comisión Europea, abriendo un nuevo frente político en el debate sobre la preservación de videojuegos digitales y los derechos del consumidor en el sector gaming. El proceso marca un punto relevante dentro del creciente conflicto entre usuarios y editoras sobre el acceso a títulos tras el fin del soporte oficial.
Según explicó el portavoz del movimiento, Ross Scott, la iniciativa ya tiene fecha asignada para presentar su caso ante la Comisión Europea, algo que confirma el avance institucional del proyecto. Además, el debate ya estaría influyendo en legisladores europeos, incluso antes de celebrarse la audiencia formal, evidenciando el impacto político del movimiento dentro del ecosistema regulatorio digital europeo.
Presión del lobby y debate dentro del Digital Fairness Act
Uno de los puntos clave gira en torno al posible encaje legal del videojuego dentro del Digital Fairness Act, un nuevo marco normativo orientado a regular la ética digital y la protección del consumidor en servicios online. Durante fases iniciales, parecía que la Unión Europea estudiaba incluir medidas específicas para videojuegos, aunque la situación cambió tras la intervención del lobby de la industria del videojuego.
Según Scott, algunos legisladores adoptaron argumentos centrados en el impacto negativo que una regulación estricta podría tener sobre desarrolladores independientes, especialmente aquellos incapaces de mantener servidores activos indefinidamente. El movimiento respondió aclarando que no busca obligar a mantener juegos online para siempre, sino garantizar que los usuarios puedan seguir accediendo a los títulos adquiridos tras el fin del soporte oficial, por ejemplo mediante modos offline o servidores alternativos.
Aun así, representantes presentes en reuniones preliminares interpretaron que la Comisión Europea no parecía favorable a integrar legislación específica sobre videojuegos dentro del Digital Fairness Act hasta la fecha, lo que anticipa un escenario regulatorio complejo para la iniciativa.
Autorregulación frente a legislación: la postura preliminar de la UE
Otro elemento relevante fue la aparición en julio de 2025 de un borrador de comunicación no vinculante del Parlamento Europeo que sugería fomentar prácticas más proconsumidor dentro de la industria gaming. Sin embargo, el documento apuntaba hacia un modelo basado en la autorregulación del sector, interpretado por el movimiento como una estrategia de desregulación práctica.
La Comisión Europea aclaró posteriormente que el documento preliminar fue publicado por error antes de estar finalizado y que su versión definitiva llegará previsiblemente en 2026. Este episodio refuerza la percepción dentro del movimiento Stop Killing Games de que la batalla legislativa europea será larga y exigente, especialmente ante la falta de consenso institucional sobre cómo regular el cierre de videojuegos como servicio dentro del marco jurídico comunitario.
Apoyo parlamentario creciente y nuevos organismos internacionales
Pese a las dificultades, Stop Killing Games afirma haber conseguido apoyo mayoritario dentro del Parlamento Europeo, lo que abre la puerta a que futuras leyes puedan impulsarse desde la propia cámara legislativa incluso si la iniciativa ciudadana no prospera directamente.
Como parte de su estrategia a largo plazo, el movimiento planea crear dos nuevas ONG, una con sede en la Unión Europea y otra en Estados Unidos, destinadas a financiar investigaciones legales, impulsar campañas de concienciación y realizar contra-lobby institucional frente a la industria. Por el momento, ambas organizaciones se encuentran en fase inicial y todavía no cuentan con nombre oficial.
Scott también subraya que existe una vía alternativa: la aplicación estricta de las leyes europeas actuales de protección del consumidor. En debates previos, la Comisión Europea reconoció que algunas prácticas de editoras, como retirar soporte o incluir cláusulas que permiten cerrar juegos unilateralmente, podrían vulnerar la legislación vigente dependiendo del caso.
El problema, según el movimiento, es que sin un marco legal claro cada país podría interpretar estas situaciones de forma distinta, generando litigios constantes y mayor carga para tribunales, industria y jugadores. Precisamente por ello, la iniciativa insiste en la necesidad de crear normativas específicas que definan cómo deben gestionarse los videojuegos cuando dejan de recibir soporte, un vacío legal que, hasta la fecha, ningún país de la UE ha resuelto plenamente.
Vía: TechPowerUp
