El senador estatal de Pensilvania John Kane ha distribuido un memorando para buscar copatrocinadores de la denominada Protect Our Games Act, una propuesta destinada a proteger a los consumidores cuando un videojuego digital comprado deja de estar disponible por el cierre de sus servicios. El documento fue publicado el 18 de septiembre de 2026, aunque todavía no se ha presentado formalmente como proyecto de ley.
La iniciativa plantea que las compañías tengan que avisar con al menos 60 días de antelación antes de impedir el uso normal de un juego digital o modificar funciones que afecten directamente a su funcionamiento. Se trata de una propuesta para el estado de Pensilvania, no de una iniciativa presentada actualmente ante el Senado federal de Estados Unidos.
El juego tendría que seguir funcionando o existir una compensación
El núcleo de la Protect Our Games Act consiste en evitar que el cierre de los servidores convierta automáticamente un producto comprado en un juego inutilizable. Si una compañía decide finalizar los servicios necesarios para su funcionamiento, tendría que ofrecer al comprador al menos una de estas alternativas:
- Permitir que el videojuego continúe funcionando offline.
- Publicar un parche que permita seguir utilizándolo online sin depender de los servidores oficiales de la compañía.
- Ofrecer un reembolso basado en el precio más alto del juego durante los 12 meses anteriores al cierre, sin que pueda ser inferior al 25% de su precio inicial.
Las tres posibilidades intentan cubrir tipos de videojuegos muy diferentes. Un título para un jugador podría conservarse eliminando su dependencia de los servidores, mientras que un juego multijugador podría necesitar herramientas que permitan mantener una infraestructura independiente.
El reembolso funcionaría como una alternativa cuando conservar el funcionamiento original resulte inviable, evitando que el consumidor pierda completamente el valor de un producto cuyo acceso ha desaparecido por una decisión posterior del operador.
El reembolso tendría unas condiciones bastante concretas
La fórmula propuesta no se limitaría a devolver simplemente lo que pagó cada usuario. El importe tomaría como referencia el precio más alto al que la compañía ofreció el juego durante los 12 meses anteriores al final del servicio.
Al mismo tiempo, la compensación no podría ser inferior al 25% del precio inicial del videojuego, creando un mínimo incluso cuando el título hubiese acumulado fuertes descuentos durante sus últimos meses.
El planteamiento diferencia estas situaciones de una devolución comercial convencional. El usuario no estaría reclamando porque haya cambiado de opinión sobre su compra, sino porque el proveedor habría eliminado posteriormente una infraestructura indispensable para utilizarla.
Las suscripciones y determinados juegos quedarían excluidos
La propuesta incluye varias excepciones importantes para evitar aplicar las mismas obligaciones a cualquier modelo de distribución digital.
Quedarían fuera los servicios de suscripción que indiquen claramente que el acceso a los videojuegos solo existe mientras la suscripción permanezca activa. También estarían excluidos determinados títulos gratuitos, salvo cuando el usuario haya pagado por contenidos, personajes o funciones dentro del propio juego.
Otra excepción afecta a productos cuyo vendedor no pueda revocar posteriormente el acceso, como videojuegos descargables que puedan conservarse y utilizarse completamente offline.
La medida se concentraría así principalmente en juegos digitales vendidos individualmente que continúan dependiendo de infraestructura controlada por su editor u operador después de la compra.
Los juegos exclusivamente online plantean el mayor reto técnico
Crear un modo independiente puede resultar relativamente sencillo cuando la mayor parte del videojuego ya se ejecuta localmente, pero la situación cambia en títulos cuya arquitectura depende profundamente de servidores remotos.
Progresión, emparejamiento, inventarios, economías internas o determinadas partes de la lógica pueden estar alojadas fuera del equipo del usuario. En esos casos, publicar un parche que elimine la dependencia del servidor podría exigir modificaciones importantes antes de terminar el soporte.
Por eso, una posible legislación tendría que definir con precisión qué obligaciones técnicas son razonables para cada tipo de producto. La dificultad de preservar un juego tradicional para un jugador no es comparable con la de mantener operativo un servicio multijugador construido desde el principio alrededor de una infraestructura centralizada.
La propuesta todavía se encuentra en una fase preliminar, de modo que su redacción y requisitos pueden cambiar antes de convertirse en un proyecto legislativo formal.
La propuesta entra de lleno en el debate sobre la propiedad digital
El memorando aborda una cuestión cada vez más relevante: qué significa realmente comprar un videojuego digital cuando una parte fundamental de su funcionamiento continúa dependiendo del proveedor.
En un título completamente offline, conservar los archivos puede permitir seguir utilizándolo durante años. Sin embargo, un juego ligado obligatoriamente a servidores externos puede quedar inutilizado aunque el comprador siga conservando todos los datos instalados.
Esta preocupación coincide con la que ha impulsado movimientos como Stop Killing Games, centrados en evitar que videojuegos adquiridos por los consumidores desaparezcan funcionalmente cuando finaliza su soporte oficial.
La Protect Our Games Act intenta abordar el problema desde la protección al consumidor, estableciendo qué opciones debería ofrecer una compañía antes de retirar definitivamente un producto digital que había vendido previamente.
Todavía no existe ninguna obligación para las compañías
El punto fundamental es que la Protect Our Games Act todavía no es una ley ni un proyecto presentado formalmente. Actualmente, se encuentra en la fase de búsqueda de copatrocinadores dentro del Senado estatal de Pensilvania.
Si finalmente avanza, tendría que recorrer todo el proceso legislativo correspondiente antes de generar obligaciones reales para desarrolladores, editores o plataformas que operen dentro del estado.
Hasta entonces, ninguna compañía está obligada por esta iniciativa a mantener servidores, publicar un parche offline o efectuar los reembolsos planteados. Su importancia está en abrir la posibilidad de que la desaparición de determinados videojuegos digitales pase a tratarse como una cuestión específica de protección al consumidor.
Vía: TechPowerUp
