Intel afronta un revés regulatorio relevante tras la decisión de la Competition Commission of India (CCI), que ha impuesto una multa de 2.738 millones de rupias indias (unos 30 millones de dólares) por considerar discriminatoria la política de garantía aplicada por la compañía en el mercado indio durante casi ocho años.
La resolución, dictada el 12 de febrero de 2026 bajo el artículo 27 de la Competition Act de 2002, concluye que Intel abusó de su posición dominante en el mercado de microprocesadores de sobremesa en formato boxed, al rechazar reclamaciones de garantía de productos adquiridos fuera de India pese a encontrarse dentro del periodo oficial de cobertura.
Una política específica para India bajo investigación
El procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada en 2019 por Matrix Info Systems Private Limited, al amparo del artículo 19(1)(a) de la ley de competencia india. La investigación se centró en la denominada India Specific Warranty Policy, introducida por Intel el 25 de abril de 2016.
Según esta política, Intel solo aceptaba solicitudes de garantía en India para CPU boxed adquiridas a distribuidores autorizados dentro del país. En consecuencia, los consumidores que habían comprado procesadores Intel en el extranjero eran obligados a tramitar la garantía en el país de compra, incluso cuando el producto estaba cubierto por la garantía del fabricante.
Trato desigual frente a otros mercados
Tras analizar las pruebas aportadas, la CCI determinó que Intel ostentaba una posición dominante en el mercado relevante y que la política aplicada en India era claramente más restrictiva que la vigente en otros países como China, Australia y otros mercados internacionales.
El organismo regulador concluyó que esta práctica limitó la libertad de elección de los consumidores, perjudicó a importadores paralelos y provocó un impacto negativo apreciable en los consumidores indios, incumpliendo el artículo 4 de la ley, que prohíbe el abuso de posición dominante.
Ocho años de aplicación y sanción económica
La Comisión tuvo en cuenta que la política estuvo en vigor durante casi ocho años, desde abril de 2016 hasta abril de 2024, periodo en el que Intel rechazó de forma sistemática determinadas reclamaciones de garantía. En aplicación de la normativa, la sanción inicial se calculó en torno al 8% del volumen medio de negocio relevante de la compañía.
No obstante, la CCI aplicó factores atenuantes, entre ellos la retirada oficial de la política el 1 de abril de 2024, lo que llevó a reducir la cuantía final hasta los 2.738 millones de rupias indias finalmente impuestos.
Obligaciones adicionales para Intel
Además de la sanción económica, la CCI ha ordenado a Intel difundir de forma amplia la retirada de la política de garantía específica para India y presentar un informe de cumplimiento, detallando las medidas correctivas adoptadas para evitar prácticas similares en el futuro.
El regulador subraya que la resolución tiene también un carácter preventivo, al establecer un precedente claro sobre la aplicación de políticas comerciales no discriminatorias en mercados donde el fabricante mantiene una posición dominante.
Un precedente con impacto para el sector del hardware
Este fallo introduce un precedente relevante en el sector tecnológico, especialmente en países donde las importaciones paralelas y la compra internacional de hardware tienen un peso significativo. La decisión refuerza la idea de que las garantías del fabricante no pueden fragmentarse por territorio sin una justificación objetiva.
Para Intel, el caso llega en un momento de presión competitiva creciente en el mercado de CPU y de mayor escrutinio regulatorio global. Para los consumidores, la resolución supone un respaldo explícito a sus derechos, en un contexto de comercio cada vez más globalizado.
Vía: Wccftech
