La administración estadounidense está evaluando una medida drástica para reforzar la producción nacional de semiconductores. El borrador propone que, por cada chip fabricado en el extranjero e importado al país, se deba fabricar otro equivalente en territorio estadounidense. En caso contrario, los productos podrían enfrentar aranceles que en algunas versiones alcanzan el 100% del valor. El objetivo es reducir la dependencia estratégica de foundries como TSMC (Taiwán) o Samsung (Corea del Sur) y acelerar la apertura de nuevas fábricas dentro de EE.UU.
Dificultades técnicas y de control
El planteamiento parece sencillo sobre el papel, pero resulta extremadamente complejo de aplicar. Cada diseño de chip difiere en complejidad, coste y función, lo que dificulta establecer equivalencias. Además, la cadena de suministro de semiconductores suele mover obleas, encapsulados y dispositivos terminados a través de varios países antes de llegar al consumidor final.
Incluso los propios fabricantes han tenido problemas para rastrear el destino de ciertos diseños. Un ejemplo es el caso de Huawei, donde TSMC reconoció las dificultades para detectar pedidos encubiertos de IP vetado, pese a sus avanzados sistemas de verificación.
Posibles créditos de transición
Para evitar un colapso inmediato, los responsables estudian ofrecer créditos temporales o excepciones a aquellas compañías que se comprometan a construir fábricas en EE.UU. Esto permitiría importar mientras los proyectos entran en funcionamiento. Sin embargo, queda la duda de cómo contabilizar un millón de procesadores móviles frente a un millón de aceleradores de centro de datos, cuyo valor y complejidad son radicalmente distintos.
Impacto en la industria
La aplicación de estos aranceles exigiría una trazabilidad completa de cada circuito integrado, desde el diseño hasta el montaje final. Empresas que ensamblan en el extranjero y reimportan los dispositivos tendrían que certificar el origen de cada componente, lo que supondría mayores costes de cumplimiento y retrasos en la cadena de suministro.
Los proveedores más pequeños y fabricantes de componentes especializados serían los más afectados si las normas se basan únicamente en volumen en lugar de valor añadido. En contraste, las firmas que ya están expandiendo su capacidad en EE.UU. podrían salir beneficiadas, al convertirse en proveedores preferentes para evitar sanciones.
Riesgos globales
El plan busca generar empleos y minimizar riesgos de seguridad nacional, pero también podría fracturar la cadena mundial de suministros. Ante esta perspectiva, compradores y fabricantes podrían acumular stock, rediseñar productos o modificar proveedores, generando volatilidad a corto plazo en mercados de procesadores, memorias y chips especializados. Además, la medida podría provocar conflictos diplomáticos y legales con socios comerciales.
Por ahora, la propuesta se encuentra en fase de discusión y no se ha tomado ninguna decisión definitiva.
Vía: TechPowerUp
