La iniciativa ciudadana europea Stop Killing Games, creada para proteger la propiedad digital de los videojuegos, ha alcanzado oficialmente el millón de firmas, acercándose a la posibilidad real de ser debatida en el Parlamento Europeo. La campaña, liderada por Joe Scott del canal de YouTube Accursed Farms, exige que las editoras mantengan sus juegos en estado jugable, incluso cuando retiren su soporte o cierren servidores.
El movimiento denuncia la práctica creciente de vender juegos sin fecha de caducidad explícita, pero que se vuelven injugables una vez que el editor decide cerrarlos. Un caso emblemático es The Crew, retirado por Ubisoft este mismo año, haciendo imposible volver a jugarlo aunque se hubiera comprado legalmente.
Objetivo: proteger la propiedad digital
La base del movimiento es defender al consumidor: si un juego ha sido vendido como producto completo, no debería dejar de funcionar por decisión unilateral del editor. Esto plantea no solo un problema ético, sino legal, especialmente en mercados como la Unión Europea o el Reino Unido.
Scott ha anunciado en su último vídeo que, aunque se ha alcanzado el millón de firmas, no todas son válidas. Muchas provienen de usuarios fuera de la UE o incluyen errores que las invalidan. Por ello, pide seguir difundiendo la iniciativa con fuerza hasta el 31 de julio, fecha límite. El objetivo ideal es alcanzar un 140% del mínimo requerido, es decir, unas 1,4 millones de firmas, para asegurar que el mínimo legal se cubra con holgura.
En Reino Unido también avanza… aunque con más obstáculos
Paralelamente, la petición equivalente en el Reino Unido ya ha superado las 100.000 firmas, el mínimo necesario para que se debata en el Parlamento británico. No obstante, el propio Scott se muestra escéptico: el Departamento de Cultura, Medios y Deporte (DCMS) ya rechazó modificar la legislación, indicando que las leyes actuales ya cubren la protección del consumidor.
Aun así, superar el umbral forzaría al Parlamento a debatirlo directamente, esquivando el bloqueo del DCMS. No está garantizado que se legisle al respecto, pero es un paso firme para exigir responsabilidades a las editoras de videojuegos en ambos territorios.
Vía: TechPowerUp
